ESPERANDO EL MILAGRO

Edith Papp/AIS

Anunciado con bombo y platillo como un nuevo modelo a seguir por los países pobres que quieren salir de la miseria haciendo uso racional de sus recursos naturales, y como ejemplo de las supuestas ventajas de la alianza entre el capital privado y público, el oleoducto Chad-Camerún levanta grandes expectativas a pocas semanas de su inauguración formal.

Abierto oficialmente desde mediados de junio por los presidentes de dos de los países más empobrecidos de África Subsahariana, Idriss Debry y Paul Biya -aunque en realidad desde octubre del año pasado está en funcionamiento-, el oleoducto de 1070 km de longitud y construido con una inversión de 3.700 millones de dólares constituye la mayor inversión de tipo industrial realizado en el continente, que promete potenciar la industria petrolífera de África Occidental, considerada como una de las esferas de mayores perspectivas en el nuevo siglo en la región.

Al unir la región chadiana de Doba donde abunda el 'oro negro', con el puerto camerunés de Kribi en la costa Atlántica, para hacer posible su salida al mercado internacional, el oleoducto construido por Exxon Mobil (40%), Chevron (25%) y Petronas (35%), alcanzará dentro de unos meses su plena capacidad de extracción: unos 220.000 barriles por día que deberá sostener, de acuerdo con los planes, durante un período de 25-30 años, asegurando importantes beneficios para ambos países, tan necesitados de recursos para el desarrollo.

Sin embargo, la novedad más publicitada de la obra no reside en sus capacidades productivas sino en el controvertido papel que el Banco Mundial –cuyo apoyo al proyecto constituyó la principal garantía contra los riesgos políticos inherentes al medio- asumió para asegurar su ejecución contra todas las presiones que llegaron incluso a motivar la retirada de tan importantes socios como Shell y TotalFinaElf, que fueron sustituidas por la Chevron y la compañía malasia Petronas.

Los arquitectos de los grandes proyectos de la institución financiera internacional aprovecharon las intensas protestas de las ONG extranjeras y grupos de la sociedad civil local contra los riesgos ecológicos y sociales implicados en la obra, para idear un supuesto “modelo” a seguir para los países del Sur que quieran salir de la miseria y el subdesarrollo.

Un esquema de uso racional de los futuros petrodólares, ideado en común acuerdo por el propio Banco y un comité especial supervisor de gastos, en que participarán también representantes de varias ONG, distribuirá los ingresos esperados: un 5% será dedicado al desarrollo de la propia región de Doha, un 10% se mantendrá como un fondo para las necesidades de las futuras generaciones de Chad –el quinto país más pobre de la Tierra, donde el 80% de la población vive con menos de un dólar al día–, y el resto se utilizará en tres esferas prioritarias: la salud, la educación y las infraestructuras.

Los daños ecológicos causados por la perforación de unos 300 pozos de petróleo y el trazado del propio oleoducto -de cuya extensión total de 1070 km unos 880 pasan por ecosistemas especialmente frágiles– serán mitigados mediante compensaciones a los habitantes de la zona, mientras los ingresos en divisas propiciarán el lanzamiento masivo de proyectos de desarrollo, asegurando trabajo y niveles de vida más altos para la población de ambos países.

Aunque haya pasado muy poco tiempo desde su puesta en funcionamiento, de momento todo parece indicar que las promesas altisonantes que se hicieron con anterioridad a 2000, año del inicio de las obras, se quedaron en papel mojado, y el escepticismo ya no sólo alcanza a los habitantes de Chad y Camerún, sino también a los que más abogaron a favor del proyecto.

En las zonas selváticas, antes inaccesibles y afectadas por la construcción del oleoducto, se multiplicó la tala de árboles y la caza furtiva, mientras comunidades enteras de pigmeos, como los Bakola y los Bagyeli, tuvieron que abandonar sus habitats. La contaminación de tierras cultivables -como las de la propia región de Doha considerada antes como la principal región agrícola de Chad- y de acuíferos, dieron la razón a los ecologistas que desde hace varios años vienen protestando contra el proyecto.

Las expectativas levantadas con respecto a un cambio social real chocan con la tozudez de la realidad de la miseria y el subdesarrollo: los únicos cambios que se observan tienen que ver con el aumento desmedido del alcoholismo, la prostitución y el sida debido a la masiva afluencia de población masculina en busca de trabajo.

En lo referente a la distribución de los ingresos –esfera donde debían primar los criterios de buen gobierno y transparencia financiera – las dudas no paran de crecer después de que el gobierno chadiano utilizara un primer pago de 25 millones de dólares para adquirir armas con el fin de sofocar una rebelión en el norte del país, considerado, por cierto, uno de los más corruptos según Transparencia Internacional.

A estas dificultades se suma el hecho de que el mínimo desarrollo de las economías en ambos países tampoco permite la absorción rápida de los ingresos petroleros, con lo cual las expectativas se convierten en frustración y los ciudadanos de los nuevos “emiratos” se queden esperando el milagro.

Ante tantas adversidades, tampoco los partidarios del proyecto parecen conservar su entusiasmo inicial: sumándose a numerosas críticas de grupos de presión internacionales, un informe del "Executive Industry Review" destacó no hace mucho que “es una quimera pensar que las compañías petroleras son capaces de transformarse en agencias de desarrollo, ni la alianza entre el sector privado y el público es capaz de manejar las relaciones de poder desiguales entre las multinacionales y los estados debilitados o al borde del colapso”.

Por ello recomienda al Banco Mundial –si mantiene su discurso de pretender ayudar a los países decididos a salir del subdesarrollo– a dedicar más recursos al desarrollo de fuentes de energía renovables, más amigables para con los pobres, que esta vez también –como tantas otras– se quedan esperando el milagro.