IRAK: Grave aumento de la violencia contra las mujeres
Juan Lucas/AIS
El intento de asesinato sufrido por la única mujer que forma parte del gabinete iraquí, Nisreen Mustafa al-Burwari, a finales de marzo, demuestra la urgente necesidad de seguridad que existe en Irak. Este ataque es el segundo que se comete contra una dirigente política: en septiembre de 2003 perdió la vida 'Aquila al-Hashimi, una de las tres mujeres que formaban parte del Consejo de Gobierno iraquí.
La violencia contra las mujeres y las niñas ha experimentado un grave aumento en Irak en comparación con la época anterior a la guerra del pasado año. Después de la guerra tuvo lugar una quiebra total del orden público. Aunque la situación ha mejorado en términos generales desde esos primeros meses, la falta de seguridad sigue constituyendo una grave amenaza para la población. Muchas mujeres y niñas viven bajo el temor constante a ser acosadas, apaleadas, secuestradas, violadas o asesinadas.
Asma, una joven ingeniera, fue secuestrada en Bagdad el año pasado. Cuando estaba de compras con su madre, su hermana y un familiar, seis hombres armados la obligaron a subir a un automóvil en el que la llevaron a una casa fuera de la ciudad, donde la violaron en repetidas ocasiones. Al día siguiente, la llevaron a su barrio y la arrojaron del automóvil.
Asma no es la única. Muchas mujeres han sido secuestradas desde el fin de la guerra. Su suerte demuestra la urgente necesidad de orden público, que incluya rendición de cuentas, justicia y resarcimiento, y la necesidad de reducir la cantidad y el excedente de armas. Bajo el régimen de Sadam Husein, las mujeres iraquíes podían ser víctimas de detención; tortura, incluida la violación; e incluso ejecución por sus presuntas actividades de oposición política o simplemente porque sus maridos o familiares varones eran buscados por las autoridades. Miles de mujeres y sus familias fueron expulsadas a Irán en la década de 1980 porque se las consideró de origen iraní. La guerra y las políticas represivas del régimen anterior han dejado a millones de mujeres iraquíes en una situación muy precaria.
Una vez más, las mujeres pueden ser detenidas únicamente porque las autoridades buscan a sus familiares o maridos. La esposa y la hija del ex vicepresidente del Consejo Revolucionario iraquí, Izzat Ibrahim al-Duri, fueron detenidas en noviembre de 2003. La Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) ha reconocido que están detenidas, pero no ha informado acerca de su situación jurídica ni de las razones de su detención. Amnistía Internacional teme que la detención pueda haberse llevado a cabo con el fin de presionar a Izzat Ibrahim al-Duri para que se entregue.
Los iraquíes sufren a diario amenazas contra sus vidas y su seguridad. La violencia es endémica, tanto en forma de ataques de grupos armados y de bandas criminales como de abusos de las fuerzas de ocupación. Millones de personas sufren las consecuencias de la destrucción o el saqueo de infraestructuras –incluidos hospitales y escuelas–, la demolición de viviendas y el desempleo.
A Amnistía Internacional le preocupa la creciente inseguridad y otras consecuencias del conflicto puedan conducir al aumento de la violencia en el hogar. Esta ha sido la norma en otras situaciones de conflicto, por ejemplo en Israel y los Territorios Ocupados. Desde el comienzo de la última Intifada, las mujeres palestinas han estado expuestas a niveles crecientes de violencia, no sólo a manos de las fuerzas israelíes que dañan sus comunidades, sino también al aumento de la violencia en la familia.
La creciente militarización de Irak ha supuesto la disponibilidad generalizada de armas de fuego. Esto plantea graves preocupaciones en relación con la seguridad de las mujeres. La violencia, incluida la violencia de género, no es un producto derivado de la militarización sino una de sus características fundamentales. Existe un continuum entre la violencia en el conflicto y la violencia en tiempo de paz. En Vietnam, por ejemplo, las constantes de abusos domésticos derivadas de la experiencia de la guerra perduran más de 30 años después.
Mujeres y niñas de Basora dijeron a Amnistía Internacional que no se atrevían ya a salir solas por miedo a sufrir violación, secuestro y otros actos de violencia. Los padres temen enviar a sus hijas a la escuela o la universidad.
El número de grupos armados radicales ha aumentado en Irak. Muchos de ellos han proferido amenazas contra las mujeres que no observan el código indumentario islámico o contra las que son activistas de los derechos humanos. En Basora se ha amenazado a mujeres y niñas que no llevaban puesto el hiyab. Ahora casi todas se cubren la cabeza.
Muchos informes indican que los activistas y las organizaciones que defienden los derechos humanos de la mujer reciben amenazas. Según la organización “Women for Women International”, las amenazas y la falta de seguridad obligaron recientemente a la mitad de sus trabajadoras a permanecer en casa durante dos días; la otra mitad fue evacuada a Jordania. Yanar Mohammed, miembro de la Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak, ha recibido amenazas de muerte en varias ocasiones, una de ellas por correo electrónico de un grupo islamista conocido como Ejército de Sahaba. Cuando solicitó protección a funcionarios de la CPA, afirma que le dijeron que tenían asuntos más urgentes que atender.
Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que ni el Consejo de Gobierno iraquí ni la CPA hayan tomado medidas para asegurar una protección adecuada de los derechos de las mujeres y de los defensores de los derechos de la mujer. Varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han pedido a la CPA que garantice la seguridad de Yanar. Amnistía Internacional no ha recibido respuesta.
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el secretario de Estado de EE.UU., Colin Powell, afirmó que era un «...gran día para el pueblo de Irak». Agregó que la «república del miedo» de Sadam Husein había terminado y que las «cámaras de tortura y las salas de violación están cerradas». En su lugar, «centros de autoayuda para las mujeres florecen desde Bagdad hasta Babilonia». Es cierto que la población sufrió graves violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Sadam Husein, y es cierto que el movimiento de la mujer es fuerte y desempeña un papel decisivo para el futuro de la mujer en Irak. Sin embargo, la visión positiva del secretario Powell contrasta marcadamente con la realidad sobre el terreno.
En virtud del derecho internacional humanitario, las fuerzas de la coalición, en su condición de potencias ocupantes, tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población civil de Irak. Tienen la obligación de mantener y restaurar el orden público y proporcionar alimentos, asistencia médica y asistencia humanitaria. Hasta el momento, no han cumplido con sus obligaciones.
Las fuerzas de la coalición tampoco han dejado que la mujer desempeñe un papel en plano de igualdad en el proceso político y la reconstrucción del país. En la actualidad, sólo tres miembros del Consejo de Gobierno iraquí son mujeres. La exclusión de la toma de decisiones políticas en el presente hará peligrar los derechos de la mujer en el futuro.
La Resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 31 de octubre de 2000, reafirma la necesidad de proteger los derechos de la mujer en situaciones de conflicto armado y de posconflicto. Subraya la importancia de la participación de la mujer en la consolidación de la paz y en la solución de conflictos. La igualdad y la no discriminación constituyen una parte decisiva de la erradicación de la violencia contra las mujeres.
El caso de Asma demuestra claramente cómo la falta de seguridad y de orden público ha restringido todos los aspectos de la vida de la mujer y sus derechos humanos. La coalición debe proporcionar una protección efectiva e investigar y castigar a todos los autores de actos de violencia contra las mujeres.
Los miembros de Amnistía Internacional pedimos a los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y los demás países que forman parte de la coalición que hagan frente a sus obligaciones internacionales, que apliquen la Resolución 1.325 y que utilicen su influencia para asegurar que los derechos de la mujer se integran y se protegen plenamente en la ley y en la práctica.
Juan Lucas es presidente de Amnistía Internacional España