SOCIEDAD

EL BANCO MUNDIAL Y LOS PAÍSES RICOS RECHAZAN CONSIDERAR EL RECURSO COMO DERECHO HUMANO

Matilde Perez, Angélica Enciso y José Galán/La Jornada

Abel Mamani, ministro del Agua de Bolivia, confió en que otras naciones se sumen a la propuesta del gobierno de su país para que el recurso sea considerado "derecho humano" en esta cuarta cumbre.

Representantes de países desarrollados y organismos financieros que participan en el cuarto Foro Mundial del Agua se oponen a incluir en la declaración final el derecho humano al agua, pues consideran que se trata de "un asunto no relevante"; sin embargo, las naciones en vías de desarrollo anunciaron que seguirán insistiendo en esta demanda.

La confrontación la iniciaron el Banco Mundial y Bolivia. Jamel Shagir, director de Energía del organismo internacional, dio por concluido el debate entre el manejo público y privado del recurso: "No vamos a perder otros 20 años en esa discusión, porque en este momento el sector privado representa menos de 10 por ciento de la inversión y 90 por ciento aún es pública".

En este foro queda de manifiesto, dijo, que el servicio público no ha cumplido con el compromiso de dotar de agua a los pobres, pues 50 por ciento de los ciudadanos del mundo carecen del servicio y, paradójicamente, compran agua a empresas privadas a un costo mayor.

Por su parte, el ministro del Agua de Bolivia, Abel Mamani, indicó que si el derecho humano al agua no se incluye en la declaración final su gobierno no firmará el documento. "El borrador de la declaración no dice nada; no dice que hay que privatizar el agua, pero tampoco garantiza el derecho humano al líquido; por eso creemos que aquí no se ha dado un verdadero debate".

En una reunión con organizaciones no gubernamentales de Francia -en la que participó Danielle Miterrand-, Mamani confió en que otros países de Latinoamérica y de otros continentes se sumen a esta postura. "Espero que Bolivia no se quede sola, porque quienes lucran hoy con el agua deben pagar más por el líquido, y ese dinero debe invertirse en ampliar la cobertura a quienes carecen del servicio".
Pascal Berteaud, del Ministerio de Medio Ambiente de Francia, respaldó la postura de Bolivia, y señaló que el derecho humano al agua no está en duda.
El secretario de Medio Am-biente y Recursos Naturales de México, José Luis Luege Tamargo, aceptó que ese punto "no es tema de la (reunión) ministerial". El asunto se analiza, pero desde la necesidad "de mayores esfuerzos y recursos en infraestructura para garantizar el acceso al agua", aseguró.

Precisó que la discusión del documento no ha terminado, y dijo que algunos países piensan incorporar "algún tema" en la reunión ministerial del martes.
Turquía insistió en que se incorpore el tema de la generación hidroeléctrica, si bien forma parte del debate energético. En el caso de México, la propuesta es que el agua no se vea exclusivamente en términos de distribución y consumo, sino como un elemento fundamental del medio ambiente.

El gobierno mexicano pugnará para que la declaración final incorpore el compromiso de una nueva cultura del agua, sustentado en el uso racional y la responsabilidad de los países en protegerla, así como la urgencia de incrementar los recursos económicos para su gestión integral.

Los tratados comerciales

La delegación de Bolivia -único país con un Ministerio del Agua- también se pronunció en contra de que el recurso esté incluido en los acuerdos comerciales. Reclamó que en este cuarto foro se siga negando que se promueve la privatización del recurso, mientras la Organización Mundial de Comercio aplica ya reglas que la convierten en una mercancía. "De continuar con esa postura, en tres años veremos que la iniciativa privada avanzará en la posesión del líquido", añadió.

En la declaración ministerial propuesta por el país sudamericano -de ocho puntos- se resalta que el recurso pertenece a la tierra y a los seres vivientes, incluidos los seres humanos, cuya responsabilidad es velar por el acceso al agua.

La declaración propuesta por Bolivia hace también un llamado a la cooperación internacional para apoyar a los países en vías de desarrollo en el cumplimiento de las Metas del Milenio, sin que se condicionen los servicios de agua y saneamiento a la privatización, y sugiere un cambio en la organización del foro, para que las deliberaciones incluyan las opiniones de los países pobres.

Cifranio D' Acosta presidente de la Asociación del Agua, de Brasil, relató que la experiencia en Porto Alegre muestra que los gobiernos municipales sí pueden ofrecer un servicio eficiente, aunque el mayor desafío es lograr mayor participación de la sociedad y obtener mayores recursos. En Brasil, dijo, hay quienes quieren privatizar el agua, pero los municipios han demostrado que el servicio puede seguir siendo público.

La representación de India destacó que no se trata sólo de dotar de agua a la población, sino de incrementar su calidad, y añadió que las propuestas plasmadas en foros como éste son sólo "palabras bellas que no ofrecen soluciones viables".
Por la mañana, la vicepresidenta y jefa de infraestructura de redes del Banco Mundial, Katherine Sierra, reiteró que no se pretende privatizar el agua, sino aplicar nuevos modelos para el manejo de los servicios públicos con la participación ciudadana y de los mercados.

"Este vínculo de agua, crecimiento y pobreza es esencial para la elaboración de políticas, y para enfrentar el reto de las innovaciones se requieren mayores flujos financieros."

Apuntó que toda la inversión privada y pública necesita ser apoyada por mecanismos diseñados con la participación de los usuarios y la sociedad civil.

Propuestas de la ONU

El ex primer ministro de Japón Ryutaro Hashimoto, presidente de la Junta Consultiva sobre Agua y Saneamiento -creada en 2004 por el secretario de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan-, presentó un compendio de acciones para impulsar un mejor acceso al líquido. El plan de acción identifica seis áreas -según la agencia Dpa-, en las que deberá trabajarse para alcanzar las Metas del Milenio.

El organismo propone crear una sociedad global de operadores de agua; acciones de financiamiento; saneamiento, seguimiento, gestión integrada de recursos hídricos, y desastres naturales, e insta a la comunidad internacional a apoyar las acciones municipales para mejorar el acceso al recurso.
Reconoce que 90 por ciento de los operadores de agua están administrados por el sector público, pero no estaría cerrada a otros actores. En materia de financiamiento, la junta concluye que "hay dinero disponible a escala local, pero los operadores y gobiernos carecen de capacidad para acceder a él".